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Durante sus 30 años en Estados Unidos, Alejandro Gamez aceptó cualquier empleo que pudo como trabajador indocumentado: en restaurantes de comida rápida, fábricas, lavado de autos y conduciendo camiones, incluso cuando las condiciones eran malas.

“No tenía estatus”, dijo. “No tenía opciones”.

Pero después de denunciar en 2017 que no le habían pagado los salarios en un lavado de coches de Inglewood, su suerte cambió. Como parte de una investigación estatal sobre las prácticas laborales de ese empleador, Gamez este año pudo acogerse a cuatro años de protección contra la deportación y a un permiso de trabajo temporal que pareció abrirle puertas de la noche a la mañana. El residente de Hawthorne, de 51 años, dijo que puede solicitar empleos mejores y estables que paguen más y proporcionen beneficios. Ahora tiene un puesto representado por un sindicato en la cocina de una universidad y un número de Seguro Social para construir su crédito.

“Me cambió la vida”, dijo. “Me está dando muchas oportunidades laborales, de estar mejor económicamente y de darle una mejor vida a mi familia”.

Sus oportunidades se deben a un reciente programa federal que otorga estatus legal temporal a los trabajadores involucrados en ciertas investigaciones laborales. Con algunas de las leyes laborales más estrictas del país, pero con preocupaciones generalizadas de represalias por parte de los empleadores, California ha emitido más de 200 solicitudes al Departamento de Seguridad Nacional de los EE.UU., pidiendo que otorgue estatus legal a los trabajadores que denuncien violaciones.

Pero apenas unos meses después de que Gamez consiguiera su indulto, el programa puede estar al borde de la desaparición: el presidente electo Donald Trump y sus asesores han prometido deportaciones masivas, el regreso a las redadas de inmigración en los lugares de trabajo y la revocación de programas similares de protección temporal.

La abogada de Gamez, Yvonne Medrano, dijo que espera que el programa sea cancelado poco después de que Trump asuma el cargo el 20 de enero. Su firma, Bet Tzedek Legal Services, con sede en Los Ángeles, ya no está buscando nuevos casos bajo el programa después de representar a trabajadores que buscan protección en 15 investigaciones laborales diferentes.

“Quitar esta protección hará que los trabajadores vuelvan a un momento en el que temen ser deportados por pedir el salario mínimo, sus cheques de pago o cualquier otra protección que tengan”, dijo Medrano.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos trasladan a un inmigrante después de una redada en la madrugada en Duarte el 6 de junio de 2022. Foto de Damian Dovarganes, AP Photo

Otros abogados de inmigración en California ya habían dejado de presentar nuevas solicitudes antes del día de las elecciones. Dijeron que esperan que el Departamento de Seguridad Nacional respete las prórrogas de cuatro años que ya ha concedido, pero no están seguros de qué ocurrirá a continuación.

“Este es un programa discrecional”, dijo Jessie Hahn, asesora principal de políticas laborales y de empleo del Centro Nacional de Derecho Migratorio, un grupo de defensa. “No prevemos que si Trump fuera elegido, continuaría con el programa”.

Un portavoz de la campaña de Trump no respondió a una solicitud de comentarios sobre sus intenciones para el programa.

Ha creado otro grupo de inmigrantes a quienes se les ha concedido permiso temporal para estar en Estados Unidos a medida que las posibilidades de una reforma migratoria federal son cada vez más escasas, lo que hace que sus perspectivas dependan en gran medida del vaivén de cada administración presidencial.

El programa, uno de varios esfuerzos de la administración Biden para impulsar la aplicación de las leyes laborales, tiene como objetivo dar a los investigadores estatales un acceso más fácil a los testigos que de otro modo podrían temer represalias por presentar quejas en el lugar de trabajo.

Es similar al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) de la era Obama, que otorgaba permisos de trabajo y protecciones temporales contra la deportación a inmigrantes que habían sido traídos a Estados Unidos sin autorización cuando eran niños. Unos 500,000 residentes tienen esa forma de estatus legal, pero el programa ha dejado de conceder nuevas solicitudes tras impugnaciones en los tribunales federales. Trump intentó rescindir el programa en su último mandato; Stephen Miller, un asesor cercano de Trump, dijo que lo volverá a hacer, según informó el New York Times.

La Acción Diferida para la Aplicación de Normas Laborales es mucho más limitada: 7,700 trabajadores se han beneficiado de ella desde enero de 2023. Cualquier persona que no sea ciudadana estadounidense puede solicitarla si puede demostrar que trabajaba para un empleador bajo investigación. Primero, una agencia laboral estatal o federal debe enviar una carta al Departamento de Seguridad Nacional indicando que necesita la cooperación de los trabajadores testigos en cada investigación.

Los beneficiarios de la acción diferida quedan protegidos de la deportación y pueden trabajar legalmente durante cuatro años, pero no existe una vía para obtener la residencia permanente. Algunos beneficiarios la ven como una forma de ganar dinero legalmente y conseguir empleos mejor remunerados fuera de la economía sumergida. Otros dicen que les da tiempo -y una vía mucho más rápida para obtener un permiso de trabajo- mientras sus otros casos relacionados con la inmigración avanzan a través de la burocracia federal.

Los abogados y defensores de inmigración dicen que, si bien algunos solicitantes buscan obtener indultos en sus casos de deportación activos, la mayoría ha estado viviendo y trabajando sin papeles sin ser detectados, lo que significa que se han presentado ante las autoridades federales de inmigración por primera vez.

No está claro cuántos de esos trabajadores se encuentran en California. Un portavoz de Seguridad Nacional no dio a conocer cifras por estado, citando “investigaciones en curso”.

Pero California participa con entusiasmo en el programa; la administración del gobernador Gavin Newsom dice que fue el primer estado en presentar una carta en apoyo a las protecciones para los trabajadores. El estado alberga a casi 1.5 millones de trabajadores que son inmigrantes indocumentados, lo que representa más del 7% de la fuerza laboral.

Estos trabajadores son un foco frecuente de las investigaciones laborales del estado, y los defensores laborales dicen que los trabajadores indocumentados rutinariamente temen perder sus empleos y ser denunciados ante las autoridades de inmigración por quejarse de violaciones en el lugar de trabajo.

“Este temor puede impedirles cooperar plenamente con las agencias de cumplimiento de la ley laboral para denunciar y corroborar las violaciones de la ley”, dijo Daniel López, portavoz de la Oficina del Comisionado Laboral del estado, en un comunicado. “En última instancia, la falta de protecciones socava a los trabajadores y afecta a los empleadores responsables”.

En los últimos dos años, la oficina, que investiga el robo de salarios, ha enviado cartas apoyando las protecciones contra la deportación en 136 investigaciones laborales que afectan potencialmente a cientos de trabajadores. La División de Seguridad y Salud Ocupacional ha enviado al menos 12 cartas. La Junta de Relaciones Laborales Agrícolas, que supervisa los derechos de los trabajadores agrícolas, ha enviado 10, y el Departamento de Derechos Civiles, que investiga las denuncias de discriminación en el lugar de trabajo, ha enviado 60, dijeron los portavoces.

El estado incluso ha pagado para ayudar a los inmigrantes a obtener permisos de trabajo. El año pasado, Newsom anunció 4.5 millones de dólares para pagar servicios jurídicos gratuitos para ayudar a los trabajadores agrícolas que están involucrados en investigaciones laborales a solicitar la acción diferida. El dinero, asignado hasta mediados de 2026, ha ayudado hasta ahora a evaluar la elegibilidad de más de 500 trabajadores y 175 han solicitado el programa.

En California hay unos 800,000 trabajadores agrícolas estacionales y permanentes; se cree que al menos la mitad son indocumentados.

“Las regiones agrícolas tienen un acceso muy limitado a los servicios legales de inmigración”, dijo Jason Montiel, portavoz del Departamento de Servicios Sociales, que administra la subvención a cinco grupos de asistencia legal en todo el estado. “Proporcionar a los trabajadores agrícolas acceso directo a los servicios legales de inmigración cuando se violan sus derechos laborales aumenta la probabilidad de que presenten reclamos laborales y colaboren con las agencias laborales”.

Los portavoces de Newsom no respondieron a una pregunta sobre qué pasará con el programa de subvenciones estatales si cambian las reglas federales.

Nicole Gorney, abogada supervisora ​​de VIDAS Legal Services, que recibe una subvención estatal, dijo que tiene 12 clientes trabajadores agrícolas que esperan que se les conceda la acción diferida. Ella esperaba que el estado ampliara el programa para incluir a trabajadores de otras industrias.

“Todavía hay muchos trabajadores que podrían calificar pero realmente no quieren salir de las sombras”, dijo la mañana después de la elección.

Alejandro Gamez en su casa en Hawthorne el 8 de noviembre de 2024. Foto de Zaydee Sanchez para CalMatters.

La acción diferida de Gamez se concedió en relación con las denuncias por represalias que él y sus compañeros de trabajo presentaron contra Century Car Wash en 2018. Ese año, también habían presentado denuncias por robo de salario ante la Oficina del Comisionado Laboral del estado. Según los registros estatales, le dijeron a la oficina que sus gerentes los obligaban a llegar antes y salir más tarde del horario de apertura de los negocios, pero sus planillas de horas no coincidían con todas las horas que trabajaron. Los copropietarios del lavadero de autos negaron las denuncias y le dijeron al estado que las planillas de horas eran precisas.

Después de exigir el pago a sus gerentes, Gamez dijo que lo despidieron y le dijeron que se fuera frente a los clientes. Según los registros estatales, él y sus compañeros de trabajo ganaron los reclamos salariales en 2021; un oficial de audiencias estatal dictaminó que a Gamez se le debían más de $20,000. Pero el estado todavía está investigando las denuncias de que los trabajadores fueron despedidos e interrogados sobre su estatus migratorio en represalia por hablar. El año pasado, a pedido del abogado de Gamez, la Oficina del Comisionado Laboral envió una carta al Departamento de Seguridad Nacional para solicitar protección contra la deportación para los trabajadores.

“La investigación en curso… está siendo realizada por nuestra unidad de Investigación de Quejas por Represalias y requiere la cooperación y el testimonio de los trabajadores”, escribió la Comisionada Laboral Lilia García-Brower en la carta.

Cuando se contactó por teléfono a uno de los propietarios de Century Car Wash, éste le remitió el asunto al copropietario, quien no respondió a una solicitud de comentarios.

Gamez dijo que su estatus de acción diferida lo mantuvo tranquilo la semana pasada mientras muchos inmigrantes temían por su futuro bajo una segunda administración de Trump.

“Eliminar esta protección hará que los trabajadores vuelvan a un momento en el que temen ser deportados por pedir el salario mínimo, sus cheques de pago o cualquier otra protección que tengan”.

Yvonne Medrano de Bet Tzedek Legal Services en Los Ángeles

Otros que recibieron protección siguen teniendo miedo.

Alejandra Montoya llegó a Estados Unidos hace cinco años huyendo de “problemas familiares”, dijo, y encontró trabajo en los campos del Valle Central. Estudió administración de empresas en su natal México y dijo que nunca tuvo la intención de ser una inmigrante indocumentada. Pero tenía un hijo y se quedó a cuidarlo en Bakersfield.

Montoya dijo que disfruta del trabajo agrícola, a pesar de los duros días que pasa de rodillas recogiendo y amontonando zanahorias por 3.05 dólares la caja. En un buen día, cuando las condiciones del campo son indulgentes, puede llevarse a casa 150 dólares o más, dijo.

Montoya dijo que, como trabajaba para un contratista contratado por Grimmway Farms, mantuvo la cabeza agachada hasta que un día de septiembre pasado una compañera de trabajo, Rosa Sánchez, fue atropellada por un camión y murió en el campo junto al suyo. Montoya dijo que los trabajadores habían expresado su preocupación por ese conductor y que creía que el accidente se podía haber evitado. A algunos de los trabajadores se les dijo que siguieran trabajando cerca del cuerpo de Sánchez, dijo. Aturdida, y ahora sabiendo qué más hacer, lo hizo.

Fue “traumático”, dijo a través de un traductor. “Inhumano”.

En marzo, la agencia de seguridad laboral del estado emitió más de $65,000 en multas contra Grimmway, el contratista Esparza Enterprises y otro contratista que empleaba al conductor, alegando graves violaciones de seguridad por permitir que los empleados trabajaran muy cerca de un camión comercial que se conducía de manera insegura, según los archivos obtenidos a través de una solicitud de registros públicos. Los registros federales y estatales muestran que el conductor estaba dando marcha atrás cuando el camión golpeó a Sánchez.

La empresa y sus contratistas han impugnado las citaciones. Esparza no respondió a una solicitud de comentarios. En una declaración, la portavoz de Grimmway, Dana Brennan, escribió que la empresa tiene políticas estrictas que prohíben las represalias contra los empleados o los empleados de los contratistas que denuncien problemas en el trabajo.

“Contamos con una línea directa confidencial, anónima y bilingüe donde los empleados pueden denunciar inquietudes éticas”, escribió Brennan. “Como lo hemos hecho desde que nos enteramos de este trágico accidente, nos comprometemos a trabajar con las autoridades durante toda la investigación y extendemos nuestras más profundas condolencias a la familia de Sánchez y a sus compañeros de trabajo por esta dolorosa pérdida”.

Como posible testigo del accidente, Montoya solicitó una acción diferida con la ayuda de United Farm Workers, y desde entonces se ha vuelto más activo con la organización, alentando a sus compañeros de trabajo a presentar sus solicitudes y hablando en una convención sindical en septiembre.

Al día siguiente de las elecciones, dijo que se sentía alivio por haber obtenido su permiso de trabajo este año y con temor de haber dado su información a las autoridades federales de inmigración. En los campos, la mayoría de los trabajadores hablaban sobre la victoria de Trump, “sobre lo que pasará con nosotros ahora”.

“Nos protege de la deportación”, dijo sobre el programa. “Aun así, el miedo existe… Cuando él quiera, lo puede quitar”.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por CalMatters.